Mientras el complemento específico del secretario y del interventor lo apruebe el Pleno a través de la RPT, la independencia del control interno municipal es una declaración de intenciones, no una garantía real.

Lo digo así de directo porque llevo semanas dando rodeos con matices sobre este tema y prefiero dejar de hacerlo. El órgano que fiscalizas es, al mismo tiempo, el que decide cuánto cobras. Eso no es una anécdota de gestión de personal: es un diseño institucional, y conviene mirarlo de frente.

Los números no dejan mucho margen de duda

Ya lo conté hace unas semanas con más detalle técnico, pero recapitulo lo esencial. Las retribuciones básicas —sueldo y trienios— son iguales en toda España para el mismo grupo (art. 93 LRBRL). La diferencia real está en las complementarias, y sobre todo en el complemento específico: previa valoración del puesto, es el Pleno quien lo fija al aprobar la RPT (art. 4 RD 861/1986). Ahí puede haber una brecha de 15.000 o 20.000 euros entre dos puestos de complejidad comparable, según lo generosa o mezquina que haya sido la corporación al valorar el puesto.

No hace falta imaginar mala fe para que esto pese. Basta con que el interventor sepa que existe la próxima RPT, la próxima negociación de complemento, para que la fiscalización más incómoda se piense dos veces. La presión no necesita ser explícita para ser real.

El contraargumento que me hacen, y que tiene razón

Antes de que alguien me lo diga en comentarios: sí, la autonomía local es un principio constitucional (art. 140 CE) y la potestad de autoorganización de cada corporación incluye decidir su propia RPT. Es un argumento serio y no lo voy a despachar con un titular. Uniformar de arriba abajo las retribuciones de todo el personal local sería, además de inviable, un golpe a esa autonomía.

Pero hay una diferencia entre el personal en general y los puestos reservados a habilitación nacional. Secretarios, interventores y tesoreros no gestionamos solo recursos humanos: fiscalizamos al mismo Pleno que nos retribuye. Ahí la autonomía organizativa choca con la garantía de independencia funcional que la habilitación nacional existe para proteger.

Lo que yo cambiaría

No pido uniformidad. Pido horquillas estatales por tramos de población y complejidad, con un margen autonómico acotado, específicas para los puestos reservados. Un suelo y un techo fijados por quien no es parte fiscalizada, dentro del cual cada corporación siga decidiendo. Hoy los límites máximos y mínimos del artículo 93 LRBRL existen sobre el papel, pero son tan amplios que en la práctica no limitan nada.

Es una reforma barata, técnicamente sencilla y que no toca ni un ápice la autonomía municipal en lo que de verdad le corresponde: gobernar, no fijar el precio de quien le controla.

Y la pregunta que me hago

¿Alguien de los que leéis esto ha dejado alguna vez de reparar algo, de matizar un informe, pensando —aunque fuera de forma difusa— en la próxima RPT? Y si la respuesta honesta es «no lo sé»… ¿no es eso ya el problema?

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Fuentes

• Constitución Española, art. 140: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229#a140
• Ley 7/1985, de 2 de abril, LRBRL, art. 93: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392#a93
• Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, arts. 3, 4 y 7: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10798
• Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, régimen jurídico de los FHN: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-3760