El jueves 29 de octubre me senté en la Sala Avances del Kursaal de Donostia a hablar de una pregunta incómoda: «Pliegos con IA, ofertas con IA, evaluación con IA: ¿qué papel queda para el humano?»
La mesa la «ofrecía» Gobierto, una empresa que vende software de contratación pública. Entre otras cosas, una herramienta para redactar pliegos con inteligencia artificial. Y fui invitado por Gobierto como ponente.
Es decir: fui a preguntar qué papel queda para el humano en una sesión patrocinada por quien vende la máquina, e invitado por ella. No lo cuento como reproche. Lo cuento porque, si no lo digo yo, el resto de esta entrada no vale nada.
Lo que llevé a la mesa
Compartí la mesa con Nekane Bolinaga, de la coordinación de la contratación pública de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y con Olatz Elorza, de adquisiciones del Ayuntamiento de Donostia. Moderaba Aram Roca, de Gobierto. El guion llegó tres semanas antes, en tres bloques: qué seguimos sin resolver en contratación, luces y sombras de la IA y, el mejor título, «¿Qué debería darnos miedo: la IA o nosotros?».
Llevaba tres ideas.
La primera: el problema de la contratación local no está en la redacción. Está antes. En la planificación que no se hace, en la necesidad que no se justifica (art. 28 LCSP) y en el contrato menor que se repite cada año porque nadie se sentó a licitarlo. Una IA que redacta más rápido un pliego mal planteado no resuelve nada. Lo engorda y lo acelera. El propio guion lo preguntaba: ¿estamos engordando y acelerando malos pliegos? Mi respuesta es sí, si la IA entra por el final del expediente en lugar de por el principio.
La segunda: la IA puede redactar, ordenar y comparar. Lo que no puede es decidir. La valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor (art. 146.2 LCSP) y la motivación de la adjudicación (art. 151 LCSP) son actos de un órgano administrativo, no de un algoritmo. Si la mesa de contratación firma un informe de valoración que no sabe explicar sin la herramienta, no hemos ganado eficiencia. Hemos perdido el juicio y, con él, la motivación.
La tercera: la herramienta puede cambiar. La firma, no. El riesgo real no es que la IA se equivoque. Es la falsa objetividad: que un informe parezca mejor justificado solo porque lo ha escrito una máquina con buena sintaxis. Y la dilución de responsabilidades: cuando todo el mundo usa la herramienta, nadie responde de lo que dice.
Lo que pusieron ellas sobre la mesa
Nekane y Olatz llevaron el debate a donde yo no lo había llevado: a las personas. Su idea central fue clara. El personal no está formado, y hace falta mucha formación antes de pedirle que trabaje bien con estas herramientas.
Tienen razón, y su argumento completa el mío. Si la IA no puede decidir, alguien tiene que decidir por ella. Y para revisar lo que propone una herramienta hay que saber más que la herramienta, no menos. Sin formación, la firma que yo defendía se convierte en un trámite: se firma lo que ha escrito la máquina porque nadie en la mesa sabe discutirlo.
Y no es solo una buena práctica. Desde el 2 de febrero de 2025, el Reglamento europeo de IA (Reglamento (UE) 2024/1689, art. 4) exige a quien despliega sistemas de IA que adopte medidas para garantizar un nivel suficiente de alfabetización en IA de su personal. Un ayuntamiento que compra una herramienta para redactar pliegos y no forma a quien la usa no tiene solo un problema de calidad. Tiene un problema de cumplimiento.
La paradoja: la conclusión más útil de una mesa patrocinada por quien vende la herramienta fue que lo primero no es la herramienta. Son las personas.
El elefante en el Kursaal
Ahora, la parte que no estaba en el guion.
En el programa del Congreso NovaGob 2026 aparecen una veintena de entidades que «ofrecen» sesiones: empresas de gestión documental, de ciberseguridad, de consultoría, de licitación, de software de contratación… y también diputaciones y fundaciones. Hay stands, hay correos de «¿nos vemos en NovaGob?» de proveedores semanas antes y hay solicitudes de reunión a través de la plataforma del congreso.
No tengo nada contra eso. Un congreso de innovación pública cuesta dinero, y alguien lo tiene que pagar. NovaGob, además, hace algo que muchos no hacen: pone en el programa quién ofrece cada sesión. Eso es transparencia y hay que reconocerla.
Pero conviene decir en voz alta lo que todos sabemos en los pasillos: los congresos de innovación pública se han convertido también en el mercado donde se vende innovación a las administraciones. Y en ese mercado, los compradores somos nosotros. Los que firmamos los informes, los que redactamos las memorias de necesidad, los que nos sentamos en las mesas de contratación.
La paradoja es esta: el sector privado tiene un cauce legal, transparente y documentado para hablar con la Administración antes de una licitación. Se llama consulta preliminar del mercado (art. 115 LCSP), se anuncia en el perfil del contratante y deja rastro en el expediente. Y, sin embargo, buena parte de esa conversación ocurre en otro sitio: en un café patrocinado, en una mesa redonda con logo o en una cena después de la jornada. Sin acta, sin expediente y sin perfil del contratante.
Eso no es corrupción. Pero tampoco es neutral. Quien patrocina la mesa no elige las respuestas, pero muchas veces sí elige la pregunta. Y en contratación pública, quien elige la pregunta suele acabar marcando el pliego.
Lo que no pasa, y lo que sí podemos hacer
Lo que no pasa: ir a un congreso patrocinado no te convierte en sospechoso. Hablar con empresas no es ilegal, ni siquiera es malo. Lo necesitamos: sin conocer el mercado, redactamos pliegos imposibles.
Lo que sí pasa: cuando el empleado público que habla en la mesa de una empresa es el mismo que, meses después, informa una licitación en la que esa empresa se presenta, el problema ya no es de imagen. Es de conflicto de intereses (art. 64 LCSP). Y la frontera entre la cortesía y el favor la marca el propio Estatuto Básico: se rechaza cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía (art. 54.6 TREBEP).
Lo que propongo, empezando por mí:
- Decir quién invita. En cada intervención, quién ofrece la sesión y a invitación de quién estás en ella. En mi caso, ya lo has leído arriba: fui invitado por Gobierto como ponente. Contarlo no resta valor a lo que dices. Lo que se lo resta es callarlo.
- No hablar de producto. El empleado público que se sienta en una mesa patrocinada habla de problemas, de normas y de experiencias. No de la herramienta del patrocinador.
- Llevar al expediente lo que se aprende en el pasillo. Si en un congreso descubres una solución que te interesa, el camino es la consulta preliminar del art. 115 LCSP, abierta a todos. No la tarjeta de visita.
- Abstenerse cuando toca. Si has compartido mesa, proyecto o viaje con una empresa, y esa empresa licita en tu ayuntamiento, deja constancia y valora apartarte (art. 23 de la Ley 40/2015 y art. 64 LCSP).
Una vuelta a junio
En junio escribí sobre el postureo funcionarial: congresos, premios y poco expediente. Hablaba del compañero que gestiona su visibilidad mejor que su expediente. Esta entrada es la otra cara: no solo hay que preguntarse quién sale en la foto. También quién la patrocina y qué espera a cambio.
Volví de Donostia convencido de dos cosas. La primera, que la IA en contratación no da tanto miedo como nosotros: nuestra planificación, nuestras prisas, nuestra falta de formación y nuestra tentación de firmar lo que no hemos leído. La segunda, que los congresos siguen mereciendo la pena. Siempre que recordemos, al salir del Kursaal, que lo que importa no pasa en el escenario. Pasa en el expediente.
La herramienta puede cambiar. La firma, no. Y el patrocinio tampoco debería cambiarla.
¿Y tú? ¿Has dicho alguna vez en voz alta, en un congreso, quién te había invitado? ¿Te lo ha preguntado alguien? Te leo en los comentarios.
David Povedano
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