Hay noticias que te hacen soltar el café. Esta es una de ellas.

El pasado 3 de junio, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 13/2026, un texto cuyo nombre oficial es tan anodino como su contenido es explosivo: «medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial». Traducción: la actualización de las entregas a cuenta de 2026. Nada que ver, aparentemente, con los habilitados nacionales.

Y sin embargo, escondida en ese decreto, hay una modificación del artículo 92 bis.6 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local que nos afecta de lleno. Una reforma que, en mi opinión, es uno de los golpes más duros que ha recibido la independencia funcional de nuestro cuerpo en los últimos años.

Qué cambia exactamente

Hasta ahora, para destituir a un interventor o tesorero nombrado por libre designación, el alcalde necesitaba superar un control previo y preceptivo por parte del Estado. No podía simplemente cesar a quien le llevara la contraria fiscalizando un gasto dudoso. Había un escudo legal.

Con el RDL 13/2026, ese escudo desaparece. El control estatal previo se sustituye por una mera comunicación a posteriori. El alcalde cesa al interventor, y luego lo notifica. El Estado se entera cuando ya está hecho.

La consecuencia práctica es devastadora: la permanencia de los habilitados en puestos de libre designación queda a expensas de la voluntad del alcalde.

Por qué esto es grave

Llevamos años hablando de reforzar el control interno municipal. En un contexto en el que no dejan de aflorar casos de corrupción institucional —ayuntamientos que pagaron con fondos europeos charangas, conciertos y magos— debilitar precisamente a los funcionarios encargados de fiscalizar ese gasto es una decisión que, como mínimo, merece una explicación pública.

APSITAL lo ha dicho con claridad: «Este cambio supone un claro debilitamiento del sistema de control interno municipal. Es una función pública necesaria, técnica e independiente, dirigida a garantizar la legalidad, la correcta utilización de los fondos públicos, la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la protección del interés general.»

No puedo estar más de acuerdo.

La táctica de la fontanería legislativa

Lo que más me preocupa de esta reforma no es solo su contenido, sino su forma. No ha venido por una ley específica, con debate parlamentario, con comparecencias de expertos y asociaciones, con audiencia a los colectivos afectados. Ha llegado camuflada en un decreto de entregas a cuenta.

No es la primera vez. El año pasado, el Gobierno usó el decreto de Verifactu para incluir la cesión a la Generalitat de Cataluña de las competencias de selección y adscripción de habilitados nacionales. La fórmula es siempre la misma: aprovechar vehículos legislativos de urgencia y apariencia técnica para introducir reformas estructurales sin debate.

Esta forma de legislar es, en sí misma, un problema democrático.

¿Y ahora qué?

Lo primero, conocer la norma. La reforma ya está en vigor. Si estáis en un puesto de libre designación, el escenario legal ha cambiado.

Lo segundo, estar organizados. APSITAL y COSITAL deben ser nuestros altavoces. Si algo ha demostrado esta profesión a lo largo de los años es que cuando hablamos con una sola voz, se nos escucha.

Y lo tercero, seguir haciendo nuestro trabajo con la misma independencia y rigor de siempre. Porque al final, la mejor defensa de la habilitación nacional es la calidad técnica de nuestro trabajo diario.

Como siempre, os mantendré informados.

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Fuente: El Debate, 4 de junio de 2026