Desde el ya casi lejano 2017 por el que se aprobó y entró en vigor la actual Ley de Contratos del Sector Público, poco ha cambiado. Reconozco que fue de mis primeros esfuerzos por asumir un cambio normativo en una materia troncal que podemos decir que afecta a toda la gestión municipal.
El diagnóstico
La contratación pública en las entidades locales presenta una serie de problemas crónicos:
Complejidad normativa excesiva
La LCSP es una norma de más de 300 artículos, complementada por un extenso desarrollo reglamentario. Para un Ayuntamiento pequeño, gestionar un expediente de contratación se ha convertido en una tarea que consume recursos desproporcionados.
Plazos irreales
Los plazos establecidos por la ley para las diferentes fases del procedimiento de contratación no tienen en cuenta la realidad de los pequeños municipios, donde el mismo funcionario que tramita el contrato atiende el registro, resuelve consultas de urbanismo y gestiona el padrón.
Digitalización a medias
La obligación de tramitación electrónica de los expedientes de contratación coexiste con una realidad de plataformas poco intuitivas, problemas de interoperabilidad y escasa formación.
Propuestas de mejora
Simplificación para contratos menores y pequeños municipios
Es necesario un régimen simplificado real, no meramente cosmético, para los contratos de menor cuantía y para las entidades locales con menos recursos.
Centralización de compras
Las centrales de contratación y los sistemas de adquisición centralizada son una solución eficiente que muchos municipios no aprovechan por desconocimiento o falta de adhesión.
Formación especializada
Los Habilitados Nacionales necesitan formación continua y especializada en contratación pública, adaptada a las particularidades de la administración local.
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